La manifestación por la educación pública reunirá este jueves 5 de noviembre a docentes, personal no docente, familias y alumnado de la Marina Alta. La convocatoria, promovida por las asambleas de centros educativos y los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, comenzará a las 19:00 horas en la plaza Jaume I y pondrá el foco en la falta de avances en las negociaciones con la Conselleria de Educación.
La movilización llega después de la reunión del martes 3 de noviembre entre la administración autonómica y los representantes sindicales. El encuentro debía establecer un calendario para abordar las reivindicaciones pendientes desde la huelga docente de mayo, pero terminó sin una hoja de ruta acordada.
Según los sindicatos, la única reunión concretada será una mesa sobre plantillas el martes 10 de noviembre. El resto de las demandas continúa sin fechas específicas, una situación que ha aumentado el malestar entre los convocantes.
Entre sus principales reivindicaciones figuran reducir las ratios de alumnado, ampliar las plantillas y agilizar las sustituciones docentes. También reclaman instalaciones educativas adecuadas, mejoras en la climatización, recuperación del poder adquisitivo y más recursos para atender la diversidad.
Además, defienden el valenciano como lengua de enseñanza y exigen compromisos económicos que puedan incorporarse a los presupuestos autonómicos de 2027.
Una protesta aplazada por la DANA que precede a la huelga del 11 de noviembre
La manifestación estaba prevista inicialmente para el 22 de octubre, pero las organizaciones decidieron aplazarla en solidaridad con las localidades afectadas por la DANA. Durante estas semanas, profesorado de distintos centros ha colaborado en tareas de limpieza y recogida de alimentos y materiales.
Por otra parte, la convocatoria servirá de antesala a la huelga general del 11 de noviembre, convocada por Intersindical Valenciana para reivindicar el derecho a la vivienda y unas condiciones de vida dignas.
Los representantes educativos relacionan ambas cuestiones con la situación de la Marina Alta. Según denuncian, los elevados alquileres dificultan que el profesorado resida cerca de su centro de trabajo y obligan a algunas familias a abandonar sus municipios, con consecuencias para la estabilidad de los equipos docentes y la continuidad escolar.
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