El pasado 14 de marzo, el pleno del Ayuntamiento de Alcalalí aprobó inicialmente una ordenanza municipal que imponía nuevas tasas para el acceso a parcelas y locales destinados a garajes o cocheras. La propuesta salió adelante con los únicos votos favorables de los cuatro concejales de Compromís, que gobiernan en minoría.
La aprobación sorprendió a buena parte del vecindario y a los concejales de la oposición, que denunciaron haber tenido conocimiento de la ordenanza apenas tres días antes del pleno, convocado a una hora que les impedía asistir. Además, cuestionaron los trámites de publicidad del expediente, ya que en un pueblo pequeño como Alcalalí «nadie en el pueblo se enteró» de la existencia de esta medida.
Retrasos y falta de información
La polémica creció al conocerse que el vídeo del pleno, elemento esencial para informar a los ciudadanos, no fue publicado en el canal de YouTube del Ayuntamiento hasta casi dos semanas después de su celebración.
Ante esta situación, los concejales del Partido Popular prepararon un documento de alegaciones y lo difundieron ampliamente a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y copias impresas, para facilitar que los vecinos pudieran presentar sus objeciones dentro del plazo legal de 30 días hábiles tras la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Una respuesta masiva
La iniciativa tuvo un notable éxito. Durante varios días, las oficinas municipales registraron un flujo constante de ciudadanos presentando alegaciones contra la medida. La respuesta fue transversal, con participación de residentes de distintas nacionalidades y sensibilidades políticas.
Finalmente, la presión vecinal surtió efecto. El pasado 9 de abril, la alcaldesa de Alcalalí emitió un comunicado en el que confirmaba que «su equipo de gobierno no va a aprobar la Ordenanza» que ellos mismos habían impulsado semanas atrás.
