La Guardia Civil ha conseguido desmantelar un grupo criminal que se había apropiado de las herencias de 22 ancianos fallecidos en la Marina Alta. Fuentes de la benemérita explican que los ahora detenidos, un total de 8 personas, aprovechaban los fallecimientos durante la pandemia y la falta de herederos conocidos o recursos de éstos, para apropiarse de sus bienes.
La banda estaba dirigida por dos hermanos con conocimientos en derecho y seguros, que utilizaban distintos negocios para el blanqueo del dinero. Entre los detenidos hay dos trabajadores de un tanatorio, un trabajador de un centro de mayores y un extrabajador de un ayuntamiento.
La operación denominada “Mano Negra”, también ha investigado a otras tres personas. A todos ellos se les vincula con delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas.
Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos. No se descarta que aumente el número de víctimas.
La investigación se inició el año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa en la que realizó reformas y sustrajo diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
En una primera fase, los agentes no tardaron en identificar a dos miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio ubicado en la comarca de la Marina Alta. Además de robar las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
Participación de los líderes
Tras asegurarse que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros.
La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.
Las inmobiliarias, ubicadas en Denia y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. De esta manera conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica.
Para evadir impuestos los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
Entre los miembros de la banda, también destaca un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, el cual mediante sus conocimientos, asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad.
Otro detenido es un trabador de un geriátrico de la misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas, llegando a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal.
El grupo criminal incrementó su actividad delictiva debido al aumento del número de ancianos fallecidos por la última pandemia, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.
Además la organización criminal, de forma fraudulenta, había iniciado el procedimiento de usucapión para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros básicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.
Cabe remarcar que la Guardia Civil no da por finalizada esta operación ya que no descarta que pueda aumentar el número de afectados.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Calp y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante. Asimismo se ha contado con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calp y de la Comandancia de Valencia, así como de personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Denia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de la mujer líder de la banda y ha decretado medidas cautelares para el resto.
